LOS VALORES DE DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA

PUBLICADO EN DIARIO INFORMACIÓN EL 31 DE ENERO DE 2021

ESPERANDO A GODOT

Los valores de Don Quijote y Sancho Panza

Quizás hayan reparado ustedes en el hecho de que en esta columna, a pesar de que se habla bastante de temas literarios, no aparecen con la frecuencia que debieran alusiones al mejor libro escrito en español y, quizás, el mejor en la historia de la humanidad. Debo confesar que esa omisión se debe al respeto que me produce hablar sobre una obra, El Quijote, que cuenta con tal número de eruditos dedicados a su estudio y análisis que hace complicado añadir algo nuevo e interesante al respecto.

Aún así, les invito a que lean, o relean, la obra del inmortal Cervantes. Yo lo he hecho dos veces de tirón y en innumerables ocasiones he hojeado los fragmentos que más me gustan, y siempre encuentro algún nuevo matiz que se me había escapado. Además, disfruto mucho con la lectura de los numerosos artículos que hablan del ingenioso hidalgo y su escudero. El último que he leído está escrito por una profesora de español en Francia, Aura Luz Duffé Montalván, y se titula Los valores que nos trasmiten Don Quijote y Sancho Panza.

En su artículo, la profesora Duffé señala que la obra de Cervantes nos recuerda valores universales, por desgracia cada vez más en desuso, “como la fidelidad, la cortesía, la honestidad o la búsqueda de la justicia social”. Además establece una correlación entre esos valores que defienden Don Quijote y Sancho Panza y los que ensalza “l’école républicaine”. Interesantes reflexiones, en definitiva, seguidas de una magnífica propuesta pedagógica para utilizar El Quijote en la clase de español.

Qué envida sana da esta profesora. Primero por su gran erudición en torno a la obra cervantina, pero también por trabajar en un sistema educativo en el que se respetan unos valores asumidos y compartidos por todos en la escuela y en el conjunto de la sociedad. No se preocupen porque no voy a hablar del “pin parental”, tema que ya aburre y que mencioné la semana pasada, sino que voy a hacer, si me lo permiten, un ejercicio tan teórico como utópico sobre nuestro sistema educativo, más concretamente sobre el grado de descentralización de las competencias en las diferentes administraciones.

En España, los municipios siempre han venido asumiendo competencias que no les corresponden, llamadas competencias impropias, por contravenir la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Ha existido, y sigue existiendo, una fuerte tensión entre las competencias legales de los municipios en materia de educación y las “competencias reales”. Las demandas de los ciudadanos respecto de los servicios públicos fundamentales-sanidad, servicios sociales y educación- crecen constantemente y los municipios no pueden ser ajenos a estas demandas, por ser la administración más cercana al ciudadano.

Por ese motivo, y más en el caso de ciudades de gran población, como es el caso de Elche, cabría quizás propugnar una nueva orientación en la cual se trate de derivar el poder de decisión de los órganos y estructuras centrales a estructuras más cercanas al ciudadano y al usuario de los servicios educativos. La evolución del sistema social, la atención a la diversidad, la adecuación al contexto inmediato o la democratización de los procesos educativos son razones suficientes para justificar una descentralización de la educación, basándonos en la necesidad de adaptar la oferta educativa a las exigencias del mundo productivo y en la conveniencia de proporcionar respuestas rápidas a las imposiciones que plantea la cambiante realidad socioeconómica. Si lo que se pretende es promover un compromiso fuerte de la administración con el gran reto social de la educación, no podemos limitarnos a perspectivas sólo de gestión o administración del hecho educativo, sino que hemos de incorporarnos activamente al debate político y legislativo sobre cuestiones pedagógicas y sociales.

El primer paso de estas nuevas políticas tendría que encaminarse hacia la normalización jurídica y, por supuesto, también financiera de lo que ya se viene desarrollando por parte de los municipios en general, y de Elche en particular, y esto se traduce en tener una disposición cooperativa y no competitiva entre administraciones en el ejercicio de las competencias que resulten de una nueva distribución legal. En el Informe Delors, sobre la educación para el siglo XXI, ya se especificaba la necesidad de una descentralización de los sistemas educativos, que supone, como mínimo, la autonomía de los centros docentes, la participación de los agentes locales de la sociedad civil en los temas educativos, un mayor protagonismo de los gobiernos locales y una efectiva dirección global del sistema educativo por parte de las autoridades centrales.

Sin embargo, la tendencia legislativa española en cuanto a lo que las competencias en materia de educación se refiere van en una única dirección: despojar tanto al Estado como a las corporaciones locales de sus competencias, salvo las que la Constitución reserva en exclusiva al Estado en su artículo 149.

En cambio, en otros países, como el Reino Unido, Italia, u otros en los que nos gustaría vernos reflejados, como Finlandia, observamos que poseen sistemas en los que la elaboración de los currículos corresponde en su totalidad al Estado y la gestión de los centros es competencia exclusiva de los municipios.

En nuestro país, esas competencias recaen, como hemos visto, sobre las Comunidades Autónomas, hecho que dificulta sobremanera la gestión de los centros, por una parte, y su adecuación al contexto más inmediato, por otra, imposibilitando dar respuestas ágiles a problemas puntuales, que muchas veces se enquistan para desesperación no sólo de docentes y familias, sino de las propias administraciones locales, a las que aquéllos se dirigen en busca de soluciones que no entra en sus competencias “propias” ofrecer.

Por ello, una propuesta utópica en principio, pero factible, sería dotar a los municipios de gran población que lo solicitaran, y en este caso se encontraría Elche, de una autonomía en la gestión de los recursos educativos radicados en la ciudad, con la consiguiente dotación presupuestaria, naturalmente.