EL GARROTE MÁS BIEN DADO

PUBLICADO EN DIARIO INFORMACIÓN EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESPERANDO A GODOT

El garrote más bien dado

Tras la pausa autoimpuesta del verano, retomo esta sección y, cómo no, hablando de literatura, pues sé que ése es el principal motivo por el que la mayoría de ustedes siguen esta modesta columna, cansados de la política local y nacional, y faltos de un rato de asueto para evadirse de los graves problemas que nos acechan y nos sumen en la zozobra.

Y lo hacemos con un autor del que no tratábamos, a pesar de su importancia, desde junio de 2017: Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) quien, como decíamos en aquel artículo, representa una de las voces más profundas del riquísimo patrimonio literario de la España del Siglo de Oro, además de haber sido un hombre implicado en los problemas sociales de su tiempo y un profundo conocedor de las estrategias escénicas, amén de un fantástico innovador en ese campo.

Quizás el epígrafe del artículo de hoy no les suene especialmente, pero seguro que todos habrán oído hablar de esta obra de teatro si la cito por el título con el que es más conocida: El Alcalde de Zalamea. Esta magnífica pieza, representada por primera vez en 1636, parece tener fundamento en una historia verídica, acaecida en la villa extremeña de Zalamea de la Serena. Se dice, y así lo narra Calderón, que a causa de la Guerra de Portugal, unos militares hubieron de alojarse en la población. El capitán Don Álvaro Ataide, como corresponde a su rango, es hospedado en la casa de un rico labrador, Pedro Crespo. Pero en pago a su generosidad, Crespo no recibe sino la ominosa afrenta de la violación de su hija Isabel a manos del militar.

Pedro Crespo intenta, según la costumbre de la época, remediar el ultraje casando a Isabel con Don Álvaro, pero éste rechaza desposarse con ella, a pesar de que Crespo le ofrece grandes bienes a cambio, por ser ella villana y el de noble abolengo. En el ínterin, Pedro Crespo es nombrado alcalde de Zalamea y, aún a sabiendas de que ese cargo no le otorga jurisdicción alguna sobre un militar, juzga a Don Álvaro y lo condena a muerte por garrote, un invento español, dicho sea de paso, para que no se diga que en este país no innovamos.

Esta trama supone un grave conflicto de índole social y moral para la época: el ajusticiamiento de un noble por un villano, que Calderón debe resolver de una manera satisfactoria para todos los estamentos implicados. Y lo consigue aplicando un aforismo, recogido en el Digestum de Justiniano y atribuido a Domicio Ulpiano (170-228), que dice “Quod principi placuit, legis habet vigorem” (Lo que agradó al príncipe tiene fuerza de ley). Es el propio Rey, Felipe II quien exonera a Pedro Crespo de su responsabilidad pues, si bien éste no era competente para aplicar la pena, el castigo si fue acorde con lo que era la costumbre para los violadores en aquella época.

De esta forma, Calderón consiguió dar un desenlace a la obra que conjugaba el statu quo de una sociedad en el que las clases privilegiadas, la nobleza y el clero fundamentalmente, tenían una vida acomodada gracias al trabajo de los estamentos más bajos de la sociedad, el campesinado en esencia, que era el único que realizaba un trabajo productivo y pagaba impuestos para mantener los gastos suntuarios de la corte y las diferentes campañas militares en las que el reino se hallaba inmerso; situación harto compleja, pues ese estado de cosas propiciaba que cada vez más campesinos abandonaran el campo, lo que redundaba en problemas de abastecimiento y en la merma de las arcas reales.

En la sociedad de hoy en día, ese papel de trabajar y sostener con su esfuerzo las arcas del Estado recae, casi en exclusiva, sobre la clase media: trabajadores por cuenta ajena, autónomos y pequeños empresarios, que son los que pagan impuestos para mantener un aparato burocrático elefantiásico y una casta política ágrafa y ávida de vivir a costa de los demás sin asumir ningún tipo de responsabilidades jamás, ni por sus errores ni por sus presuntos delitos. La famosa línea roja que trazó la izquierda cuando interpuso la moción de censura contra Rajoy ha quedado en el horizonte, pero a nuestras espaldas.

Entretanto, nuestro país en general y nuestra ciudad en particular atraviesan un momento muy difícil. Muchas de las personas con las que hablo me tachan de pesimista, pero creo que España se ha convertido en un estado fallido. La seguridad jurídica está rota por la lentitud y politización de la justicia; la igualdad de los españoles despedazada por un estado autonómico que, en realidad, es un estado federal imperfecto, en el que los ciudadanos de unos territorios tienen más derechos que otros y determinadas competencias que debían ser exclusivas del Estado se pierden en un limbo en el que nadie quiere entrar; la economía ha sido destrozada y el país se encuentra a expensas de unos préstamos de la Unión Europea, que son un rescate de facto, cuyas condiciones concretas nadie nos ha explicado.

En Elche ya cierra hasta Zara. La excuasatio non petita del Ayuntamiento es la política empresarial del Grupo Inditex, las ventas online y “bla, bla, bla”. La accusatio manifesta es que no creo que en Alicante cierre Zara ni otras franquicias del centro. La solución de nuestro Alcalde: convertir el edificio en un centro cultural… En otro centro cultural, como los que ya existen y están vacíos de contenido. Estupendo, Sr. Alcalde, espero que lo tenga negociado ya con Don Amancio Ortega, dueño del inmueble; de lo contrario, o nos miente o piensa gastar el dinero de nuestros impuestos en otro proyecto fallido. Pero no crea que en este caso, ni en el del mercado central, ni en el del edificio de Riegos de Levante, podrá aplicar el “Quod principi placuit”